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El CERMI propone incluir a las personas con discapacidad en el bono social eléctrico


El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha propuesto al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que se incluyan en los destinatarios del bono social eléctrico a los consumidores que acrediten formar parte de una unidad familiar que tenga, al menos, una persona con discapacidad.

Se ampliarían así los colectivos que tienen derecho a solicitar el bono social eléctrico (hogares con menos de 3 kW de potencia contratada, familias numerosas, hogares con todos sus miembros en situación de desempleo y pensionistas con retribuciones mínimas).

Desde el CERMI se cree ajustado a la normativa básica de la igualdad que el bono social eléctrico tenga en consideración las necesidades de las personas con discapacidad, considerando que resulta coherente con la finalidad de esta medida social que protege el derecho al suministro de electricidad y lo considera una obligación de servicio público.

El Comité de Representantes con Discapacidad recuerda el estudio del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad de Barcelona que confirma que “a mayor grado de discapacidad, más agravio económico comparativo existe con el resto de la población”.

Según el CERMI, “las prestaciones y ayudas técnicas que suplen las dificultades que tiene este colectivo suponen un coste de inversión para el afectado, no siendo mínimamente suficientes las ayudas públicas existentes para cofinanciar dignamente los costes que conlleva la discapacidad”. Se reclama la igualdad de oportunidades y el deber de los poderes públicos de establecer medidas contra la discriminación y de acción positiva.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, más conocido por sus siglas, CERMI, es la plataforma de encuentro y acción política de las personas con discapacidad, constituido por las principales organizaciones estatales de personas con discapacidad, varias entidades adheridas de acción sectorial y un nutrido grupo de plataformas autonómicas que agrupan a su vez a más de 4.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los tres millones y medio de personas con discapacidad que hay en España.



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